CCOO y UGT, con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres, manifestamos nuestra más rotunda condena y repulsa a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos y a todos los niveles
La violencia de género constituye una de las más terribles lacras sociales, que atenta contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. En lo que va de año, según cifras oficiales, 44 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres que decían quererlas. También 8 niñas y niños han sido asesinados por padres maltratadores que tenían el deber de protegerles.
Pese a que nuestra Constitución proclama el derecho a la vida y a la igualdad, y las normas de desarrollo legislativo prevén mecanismos de protección contra las conductas de violencia machista y sancionan las mismas, dichas conductas siguen reiterándose de forma continua, año tras año, sin que las estadísticas de los datos sobre violencia de género reflejen mejoría alguna ni avances en su erradicación.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en 2016 se registraron 142.893 denuncias por violencia de género. En el primer semestre de 2017 ya se han registrado un total de 83.198 denuncias, un 18,45% más que en el mismo periodo del año anterior, y estas cifras tienden a incrementarse.
Los fuertes recortes en derechos sociales y del gasto público durante los últimos años han supuesto un retroceso muy importante en el desarrollo de las políticas para la igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista, lo que está teniendo una repercusión más que evidente, en el incremento de esta lacra.
Este hecho, junto con la necesidad de abordar la adopción de nuevas medidas, ante la gravedad de la situación, para eliminar los déficits detectados en relación con la violencia de género, tanto en el ámbito jurídico como en el presupuestario, en el judicial, policial, de servicios sociales, educativo, sanitario y en el laboral, nos ha llevado a la reivindicación de la adopción urgente de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, conjuntamente con distintos estamentos de la sociedad, organizaciones de mujeres, sociedad civil y partidos políticos. El pasado mes de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que consideramos insuficiente ya que no resuelve todas las carencias detectadas, si bien, se recogen medidas que valoramos muy positivamente y que sin duda supondrán una mejora en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. Por ello CCOO y UGT demandamos la inmediata puesta en marcha del Pacto con el compromiso económico establecido y nuestra participación activa en la Comisión de seguimiento y evaluación de las medidas y acuerdos que se alcancen.
La mejora de los derechos laborales y de protección social de las víctimas de violencia de género, no han quedado suficientemente garantizados en este Pacto y desde las organizaciones sindicales defendemos la necesidad de mejorar el acceso y el mantenimiento del empleo para estas mujeres, estableciendo un sistema de protección social más adecuado que no las penalice y que les permita garantizar su independencia económica y su autonomía personal. UGT y CCOO denunciamos que el Plan para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género que recoge la Ley 1/2004, no está funcionando adecuadamente, y los datos así lo revelan: En el año 2016 apenas se realizaron 707 contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia de género y de ellos sólo 173 fueron indefinidos. Es decir que el 75,5% de la contratación a estas mujeres fue temporal. De los 239 contratos de sustitución, en 64 casos éstas fueron sustituidas por hombres. Sin embargo, más de treinta mil (30.582) mujeres víctimas de violencia de género, han sido beneficiarias de servicios de inserción laboral.
Es por ello que desde CCOO y UGT demandamos la corrección de estos déficits que den respuesta a los problemas reales con los que se enfrentan estas mujeres para acceder al ámbito laboral, así como que se implementen nuevas actuaciones y medidas para la contratación y fomento del empleo de las mujeres víctimas de violencia de género. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo es otra manifestación más de la violencia que se ejerce contra las mujeres, es por ello la importancia de aplicar el Convenio de Estambul para el reconocimiento de derechos a todos los tipos de violencia contra la mujer. Según un Informe publicado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en 2014, se estima que entre 83 y 102 millones de mujeres en la Unión Europea han sufrido acoso sexual desde los 15 años.
En ese sentido, UGT y CCOO también demandamos una norma internacional para erradicar la violencia de género en el ámbito laboral, y exigimos al Gobierno de España el apoyo para la adopción de un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, contra la violencia sobre las mujeres en los lugares de trabajo.
CCOO y UGT, condenamos también la violencia sexual contra millones de mujeres y niñas en todo el mundo y denunciamos los integrismos religiosos y culturales que justifican la violencia sobre las mujeres, por lo que instamos a las autoridades y organismos responsables a actuar de forma eficiente y decidida contra todo tipo de violencia, trata y explotación sexual, mutilación genital, matrimonios forzosos, exclusión y feminización de la pobreza. Desde la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras llamamos a la participación en las distintas movilizaciones que las organizaciones de mujeres, sociales y sindicales, convoquen el 25 de noviembre en todas las ciudades del Estado, para manifestar nuestro compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
El Foro de Madrid contra la violencia a las Mujeres y Movimiento Feminista organiza una manifestación el sábado 25 a las 19:00h desde la Plaza de la Villa a la Puerta del sol.
CCOO de Madrid vuelve a expresar su más absoluto rechazo a todas
las formas de violencia contra las mujeres, que son acciones reales
del patriarcado que mantienen a las mujeres en una situación
de subordinación y desigualdad respecto a los hombres y que determinan
su vida social,laboral y familiar dentro de una sociedad
que consiente la impunidad de la situación y unos gobiernos que no
establecen políticas integrales de prevención, compensación y erradicación
de esas violencias. 
