Para CCOO, este Gobierno "no debiera seguir profundizando en el carnaval informativo en que ha transformado todo lo que atañe a la función pública. Es indispensable recuperar una posición más razonable, colocar encima de la mesa la totalidad de los derechos de las empleadas y empleados públicos que fueron recortados, diseñar los procesos de negociación necesarios, y hacerlo en una clave de nobleza y compromiso de las que hasta la fecha ha carecido".
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO denuncia los incumplimientos del Gobierno del PP en materia de Función Pública. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se comprometió ante la Mesa General de las Administraciones Públicas el pasado 30 de julio a abrir un proceso de negociación en dicho ámbito, pero a día de hoy, con un real decreto ley anunciado para este viernes y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en tramitación, nada se sabe de dicho proceso de negociación ni de su calendario.
Y más tiempo ha transcurrido desde que el Gobierno del Partido Popular se comprometiese a utilizar la vía de la negociación colectiva como instrumento fundamental para conformar el marco de relaciones laborales en la Administración General del Estado —un compromiso que se produce gracias a la movilización de CCOO, que es el principal sindicato en las Administraciones Públicas— pero hasta la fecha no ha sido posible recuperar un proceso de negociación serio que vaya más allá de la utilización propagandística de la que hace uso la representación del Gobierno.
CCOO exige que se devuelvan todos los derechos arrebatados. Si la recuperación económica de la que nos informan un día sí y otro también es real, no hay justificación alguna para prolongar más los recortes a las empleadas y empleados públicos. Se debe acordar en la mesa de negociación un calendario concreto y detallado de recuperación de los mismos.
Según el sindicato, en la estrategia propagandística desplegada por el Gobierno hay un interés claro de ocultar, simplificar y amortizar muchos de los derechos cercenados. Mientras se anuncia el inicio del proceso de negociación (que no se ha dado), se mantienen en vigor las normas que de facto coartan dicha negociación en los diferentes ámbitos:
- La recuperación de la oferta de empleo hasta el 50% de la tasa de reposición, el 100% en algunos sectores prioritarios, no debe hacer olvidar que en estos últimos años se ha perdido mucho más empleo, y que con esa propuesta se seguirá perdiendo. Es necesario que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) autorice expresamente a las diferentes Administraciones a superar dichos umbrales para que recuperen siquiera parcialmente el empleo perdido y, con ello, une mejor prestación de los servicios públicos.
- Igualmente, deben impulsarse desde la ley de PGE las medidas que permitan frenar la precariedad en el ámbito del empleo público.
- La anunciada recuperación de la paga extraordinaria debe tener carácter básico y obligatorio para el conjunto de empleadas y empleados públicos: si a todos les fue arrebatada en el año 2012 con carácter obligatorio, a todos se les debe devolver.
- El incremento propuesto del 1% está lejos del acordado como referencia para el ámbito del empleo privado en el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (del 1,5% para el año 2016), y no compensa la fuerte pérdida de poder adquisitivo sufrida por el empleo público en los últimos años.
- La devolución de los días de permiso (moscosos y canosos) ni es completa ni permite la negociación en los diferentes ámbitos para su mejora y adaptación.
Pero además hay cuestiones que ni se mencionan en el mensaje del Gobierno: recortes que parecen que han dejado de existir y sobre los que el actual Ejecutivo no parece dispuesto a discutir su recuperación, a pesar de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el secretario de Estado de Administraciones Públicas se comprometieron a ello en las reuniones con los sindicatos de finales de julio.
Ninguna referencia a la recuperación del 5% del salario sustraído en 2010; nada de la recuperación de la jornada que estuviera pactada con carácter previo al decretazo de julio de 2012; la carrera profesional sigue sin desarrollarse con criterios negociados de igualdad y equidad; la acción social ha quedado reducida en el ámbito de la Administración General del Estado en un 80% de los importes que estaban vigentes en el año 2012; y persisten los recortes sobre los procesos de incapacidad temporal (IT), que suponen importantes descuentos salariales al estar de baja.
Por todo esto, CCOO exige, una vez más, una negociación real de las condiciones laborales del personal público y que el Gobierno cumpla sus compromisos y plantee un calendario de reuniones a los representantes de los trabajadores para negociar la devolución de los derechos arrebatados a las y los empleados públicos.
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