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Los cambios que
proponen los expertos en su informe son una apuesta ideológica para alterar el modelo
de universidad pública
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La
Federación de Enseñanza de CCOO exige que la reforma se haga con el más amplio espíritu de acuerdo y consenso
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Para el sindicato es imprescindible que si se
aborda esta reforma, se haga con el más amplio espíritu de acuerdo y consenso.
Por ello lamenta que la comisión no escuchase a los legítimos representantes de
los trabajadoras y trabajadoras de las universidades.
Asimismo, pide que la comunidad
universitaria, como primera interesada en tener un mejor sistema de
universidades, participe en la discusión de las reformas que este informe u
otros recomiendan, sobre todo si se tiene en cuenta que las principales
reformas que se proponen pueden afectar significativamente al personal de las
universidades públicas, que parecen ser los culpables fundamentales de su mal
funcionamiento.
El sindicato está de acuerdo con la Comisión de Expertos en
la necesidad de que haya un marco estable que permita
planificar y desarrollar la actividad universitaria a largo plazo. Por
ello no comparte la necesidad de modificar en
profundidad nuevamente el sistema universitario, ya que la última reforma se aprobó
en 2007 y no se ha terminado de implementar. Tampoco comparte muchos de los
argumentos de la mayoría de los expertos para cambiarlo.
Es preciso recordar que el documento con las propuestas
fue difundido el pasado día 15
a través de la página web del Ministerio de Educación y
que se estructura en los siguientes apartados: selección del personal docente e investigador (PDI)
de las universidades públicas; evaluación de la calidad de
las universidades: excelencia y competitividad; el
gobierno de las universidades; financiación de las universidades y estudios y
títulos universitarios
Según consta en el preambulo del informe, la comisión confía
en que las reformas que se proponen alcancen un amplio apoyo político y social,
de forma que las universidades puedan contar con un marco estable para
planificar y desarrollar su actividad a largo plazo.
En consonancia con ese deseo, la comisión, antes de la
redacción final del documento, escuchó la opinión de la Junta Permanente de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), del Presidente y
miembros de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Españolas (CCSUPE), del Vicepresidente y otros representantes de la Conferencia
de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y de los miembros de las
Comisiones de Educación del Congreso de los Diputados y del Senado.
Resulta sorprendente que se afirme en el informe que "... es
indudable que las universidades no preparan a los jóvenes suficientemente para
encontrar un trabajo adecuado al título que reciben." y a la vez que
respecto "...a la calidad de la
formación que proporciona el SUE, las pruebas no son tan concluyentes, dado que
las compaciones internacionales son más difíciles de realizar." Parece que
los autores están convencidos, aunque no tengan pruebas concluyentes, de que la
insufiente calidad de la formación que proporciona el SUE es más relevante para
las elevadas tasas de subempleo y de desempleo entre nuestros titulados que el
agotado modelo productivo que hemos sufrido en nuestro país desde el famoso
"que inventen ellos".
En cuanto a las propuestas que más se concretan, la de
modificación de la selección del personal docente e investigador (PDI) nos
parece, como a los autores del voto particular, una vuelta al viejo y superado
sistema de habilitaciones nacionales,
exigiendo al profesorado no permanente de la universidad una
desvinculación de la misma de al menos 36 meses.
No creemos que el modelo que se propone tenga un efecto
positivo sobre los “supuestos problemas” que parece generar el "modelo de
acreditación actual". Los problemas de renovación de plantillas tienen más
que ver con los agresivos recortes de los últimos tiempos y con las nefastas
políticas de ajustes de personal que limitan la incorporación de nuevo personal
en las universidades que con el sistema de acreditación.
Tampoco compartimos, como los firmantes de la adenda
al informe, la propuesta para otorgar a la Administración pública universitaria
la capacidad para contratar de forma directa a un colectivo significativo de
profesores -llegando incluso a determinar ad personam condiciones del
contrato como las relativas a las funciones a desarrollar, el salario a
percibir, las obligaciones
docentes y/o investigadoras o de cualquier otra clase a
realizar - vulnerando la normativa
laboral básica e ignorando el derecho a la negociación colectiva.
Igualmente es injusta la sospecha que se hace reacer sobre
la selección y eficacia del personal de administación y servicios (PAS) y del
personal técnico de apoyo de las universidades.
En cambio, compartimos la necesidad de reforzar la
independencia, neutralidad y transparencia de la actuación Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de modificar su baremo.
Discrepamos de las propuestas
para mejorar el gobierno de las universidades porque suponen una clara agresión
a la autonomía universitaria y no garantizan el objetivo que persiguen. Como señalan los autores del voto particular, la composición del Consejo de la
Universidad que se propone y el
procedimiento para la elección del rector designado
directamente por el citado consejo, no encajan en la Constitución al atentar contra
la autonomía universitaria. Nos preocupa que se politice el órgano de dirección
de la universidad y que la participación de las empresas en ésta pueda
mercantilizarla todavía más.
Asimismo, rechazamos el excesivo poder que se otorga al Rector, que
tendría la capacidad de nombrar decanos y directores de centro, en detrimento
de los órganos colegiados y de la participación democrática de la comunidad
universitaria en la elección de sus órganos de gobierno.
Es también muy discutible la apuesta por reducir la oferta
de titulaciones fundamentalmente de las universidades públicas sin esperar a la
evaluación que ha de realizarse en los próximos años. Tampoco podemos compartir
la supuesta necesidad de reducir el número de universidades, su reorganización
o fraccionamiento, ni la posible
eliminación o fusión de facultades y departamentos en función aspectos
económicos exclusivamente, como se desprende del documento.
Por último, denunciamos que, reconociendo la insuficiencia
del número de becas y ayudas al estudio y la cuantía de las mismas, la Comisión
de expertos proponga que las universidades tengan amplios márgenes para fijar
sus propias tasas por matrícula, una vez que se garantice un sistema de becas y
prestamos adecuado en dotación y número.
Aunque se propone aumentar la inversión pública, parece que
son conscientes de la falta de voluntad política para ello, como demuestran los
hechos. De ahí que en el informe se apueste por becas-prestamos para grados y
postgrados, con el consiguiente endeudamiento de las familias y de los
estudiantes.
